No obstante, en esa audiencia, el juez deberá imputar una medida cautelar a Duarte, que será la de prisión preventiva, toda vez que el delito de delincuencia organizada es considerado grave y que la PGR argumentará que hay riesgo de fuga, luego de que el exgobernador escapo a Guatemala, donde fue capturado.
Tras el periodo de la investigación complementaria y en caso de que Duarte decida declararse culpable, el caso podrá irse a un periodo abreviado y se dictará sentencia al término de la investigación complementaria.
Cómplices y pruebas en contra de Javier Duarte
Las acusaciones que la PGR realizo contra Javier Duarte se presentaron también contra ocho personas más, a quienes se les giraron ordenes de aprehensión.
Hasta antes de la captura de Duarte solo habían sido detenidas formalmente las hermanas Elia y Nadia Arzate Peralta, quienes figuraban como accionistas de la empresa Consorcio Brades, compañía involucrada en la triangulación de recursos públicos. Ambas fueron sentenciadas a tres años de prisión, luego de que reconocieron su culpabilidad a cambio de ser condenadas por lavado de dinero, pero no por delincuencia organizada.
El abogado José Juan Janeiro Rodríguez es otro de los que contaba con una orden de aprehensión, pero fue congelada por la PGR, luego de que Éste accedió a cooperar con las autoridades aportando información. Su situación jurídica se resolverá más adelante.
Javier Nava Soria es otro de los presuntos cómplices de Duarte. El pasado 19 de abril, fue detenido en España y se encuentra en proceso de extradición. Nava está vinculado a las investigaciones que la PGR realiza sobre la presunta red de operaciones con recursos de procedencia ilícita del exgobernador.
Las personas que permanecen prófugas son el empresario Moisés Mansur, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Santa Bartolo Acuña y Miguel Velásquez Nieva.
Otra prueba que la PGR presento y es central en el caso es la declaración del abogado Alfonso Ortega López, quien confeso haber trabajado por años bajo las ordenes de Javier Duarte y sus prestanombres para la creación de empresas fantasma en México y Estados Unidos y facilitar el movimiento de recursos económicos.
¿Por que delitos será juzgado?
Javier Duarte enfrentará de inicio tres ordenes de aprehensión vigentes que se han girado en su contra y que agrupan un total de siete delitos.
Una de estas ordenes fue solicitada por la PGR y dos más por la Fiscalía de Veracruz.
De los delitos que se le imputan, solo el de delincuencia organizada amerita prisión automática; para el resto de los procesos, la PGR y la Fiscalía de Veracruz tendrán que solicitar a los jueces la prisión preventiva, y argumentar por que existe el riesgo de fuga.
Entre los delitos por los que México solicita la extradición no se encuentran los desvíos de miles de millones de pesos denunciados por la Auditoria Superior de la Federación, pues ninguna de las 53 averiguaciones previas iniciadas por esas presuntas irregularidades ha sido consignada por la PGR.
- Delincuencia organizada: Duarte es acusado de encabezar una estructura delictiva que le permitió apropiarse de recursos públicos, a través de una red de empresas fantasma, que recibieron contratos, a través de prestanombres. Su pena va de los 20 a 40 años de prisión.
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita: A Duarte y sus cómplices se les acusa de utilizar recursos públicos, para adquirir propiedades en México y Estados Unidos. La pena va de los 5 a los 15 años de prisión, sin derecho a fianza.
- Abuso de autoridad: por girar instrucciones para utilizar recursos públicos etiquetados con otros fines. Esto habría afectado a los ciudadanos a costa de obtener un beneficio propio. Este delito amerita una sanción de 2 a 8 años de prisión.
- Incumplimiento de un deber legal: por permitir, al menos por omisión, que recursos públicos etiquetados fueran desviados para otros fines, como ocurrió por ejemplo con 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014. Amerita una pena de uno a ocho años de prisión.
- Peculado: por haber sido el beneficiario final de los desvíos que se registraron en su administración, lo que le permitió a Al y a sus allegados apropiarse de un patrimonio ilícito. Contempla una pena de los cuatro a los quince años de prisión.
- Tráfico de influencias: el exgobernador es señalado como el promotor de los mecanismos de desvío de recursos en su administración. Este delito contempla una pena de uno a cuatro años de prisión.
- Coalición: por el desvío de 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014, la Fiscalía de Veracruz advierte que Duarte consintió junto con el entonces exsecretario de Finanzas, Mauricio Audirac, y otros servidores públicos la salida de estos recursos. Alcanza una pena de seis meses a seis años de multa.
Por otro lado existe una segunda orden de aprehensión que la PGR obtuvo de un juez a través de la FEPADE por delitos electorales, Esto luego de que se identifico que la administración de Duarte obstaculizo la llegada de recursos al órgano electoral de la entidad,
Esta orden de aprehensión no fue incluida en la solicitud de extradición pero, de acuerdo con la PGR, en su momento se podrá cumplimentar la misma aludiendo a una excepción del principio de especialidad del tratado de extradición México Guatemala.
